El Consejo de Estado ha establecido una jurisprudencia confusa que impide identificar en qué ocasiones existe responsabilidad estatal por riesgo en casos de accidentes laborales sufridos por servidores públicos en ejercicio de actividades peligrosas. Dicha ausencia de uniformidad se debe a la existencia de debates dogmáticos que influyen en la decisión a tomar por el juez, condenando cuando determina que los riesgos inherentes a la labor deben ser asumidos por el trabajador.
Autor: Alejandro Mario Arroyo Olarte.